Informar a la ciudadanía sobre un proyecto de energía renovable no es lo mismo que hacerla partícipe de él. Esa distinción, aparentemente técnica, tiene consecuencias políticas y sociales de primer orden, ya que determina si los territorios que acogen estas infraestructuras tienen capacidad real de influir en su diseño, o si simplemente reciben decisiones ya cerradas. Para abordar esa brecha, el pasado jueves celebramos en Santiago de Compostela la segunda sesión de Diálogos para unha Galicia Renovable, en el marco de la iniciativa Renovables con el Territorio, tras el primer encuentro celebrado en noviembre de 2025.
Con la participación de cerca de 20 representantes de la sociedad civil, administraciones públicas, sector empresarial, academia y profesionales de la mediación socioecológica, la jornada tuvo como eje central avanzar hacia una versión consolidada de un Manual de buenas prácticas para la participación social en proyectos de energías renovables. Se trata de un instrumento con vocación práctica dirigido a empresas promotoras, administraciones públicas y reguladores. El fin último del manual es garantizar que los procesos participativos constituyan un ejercicio de representatividad real, no sólo un trámite administrativo formal.
El punto de partida fue el reconocimiento del problema estructural por el que los mecanismos de participación previstos en la normativa vigente, en muchos casos limitados a publicaciones en boletines oficiales o consultas de bajo impacto, no garantizan que las comunidades locales puedan influir de forma real en el diseño y desarrollo de los proyectos. El manual plantea superar ese modelo y situar el codiseño y la decisión compartida como estándares mínimos de calidad participativa, frente a modelos de información o consulta que, como recoge el propio documento, son considerados de baja calidad democrática.
El debate se estructuró en torno a tres ejes críticos. El primero, la delimitación geográfica del proceso participativo, buscando definir si el ámbito municipal es suficiente o si, especialmente en proyectos eólicos de gran envergadura, debe exigirse sistemáticamente el ámbito comarcal para garantizar una representatividad real. Los participantes coincidieron en que es la comarca que alberga las instalaciones de generación, así como propietarios de tierras y Comunidades de Montes directamente afectados, quienes deben tener mayor peso en la deliberación de un proyecto. El segundo eje, el diseño y financiación de mecanismos de mediación profesional para la gestión de conflictos, es una figura cuya necesidad fue ampliamente reconocida en la primera sesión; pero cuya neutralidad e independencia plantean preguntas abiertas sobre quién debe sostenerla. El tercer eje se refiere a las especificidades del contexto gallego en elementos como la necesidad de abordar los procesos de repotenciación, de especial relevancia en Galicia, en los marcos de participación existentes.
La jornada permitió avanzar en puntos de vista fundamentales. Las personas asistentes establecieron como prioritaria la incidencia ciudadana real en el diseño y el diálogo estructurado para transformar conflictos en legitimidad social; así como la consideración de que el retorno de beneficios debe ser fruto de la negociación participativa previa y no una imposición unidireccional. Todas estas cuestiones deben conseguir, en último término, que la participación se convierta en un estándar de calidad democrática que garantice un despliegue renovable consensuado y con licencia social.
Al igual que ocurre con el trabajo desarrollado en Catalunya, esta propuesta no parte de cero. El manual es resultado directo del proceso de diálogo multiactor impulsado desde 2023 en el marco de Renovables con el Territorio a escala estatal, y representa un ejercicio de traducción de esos aprendizajes al contexto normativo, territorial y social gallego. Un ejemplo de cómo los procesos de diálogo sostenidos en el tiempo pueden generar herramientas con capacidad real de incidencia en políticas públicas
