El avance de la transición energética en España requiere que la implantación de las energías eólica y solar en el territorio supere las controversias que genera, por lo que es necesario el diálogo y participación de los principales actores involucrados en este proceso que congrega a empresas, administraciones públicas y organizaciones sociales y otras partes interesadas.
«Renovables con el Territorio: una visión compartida» promueve el diálogo multisectorial con actores y protagonistas de la transición energética, a la vez que fomenta la participación para abordar los principales temas y generar propuestas positivas, mecanismos y soluciones teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, medioambientales, de patrimonio arqueológico y de regulación.
El proyecto propone meses de constante comunicación con esos actores multisectoriales, a través de cuatro sesiones de diálogo en los que se abordarán las temáticas relacionadas con este proceso, entrevistas y comunicación. La primera de estas sesiones hablará de las sinergias del despliegue de las renovables con actividades económicas propias del territorio para la ocupación y las oportunidades laborales, como por ejemplo la agricultura, la apicultura, la ganadería o el turismo rural. En sesiones posteriores se abordarán los mecanismos del retorno de beneficios para los territorios con proyectos renovables; también de los procesos de exposición y opinión pública acerca de los proyectos de energías renovables, y con los actores se trabajarán las guías o criterios para las futuras zonas de despliegue de renovables.
El proyecto es liderado por REDS-SDSN Spain, con el apoyo de la European Climate Foundation. Colaboran también el proyecto Eudemon que se enfoca a identificación, comprensión y resolución de conflictos socioecológicos, y del equipo especializado en derecho ambiental INSTA.
Una vez realizado el trabajo del informe “Renovables y territorio: casos inspiradores para mejorar su despliegue en el territorio”, se sientan las bases para dar el siguiente paso, que es aprovechar la capacidad de convocatoria de REDS-SDSN Spain para la elaboración de una hoja de ruta constructiva y proactiva, capaz de orientar la actuación de las administraciones públicas y otros actores clave del sector a equilibrar las narrativas en torno al despliegue de las energías renovables.
Las administraciones públicas son actores importantes en el proceso de despliegue de proyectos renovables, en el que se generan dificultades de tipo técnico y de aplicación de normativas; en ese sentido todo lo que se traduzca en propuestas para mejorar procedimientos y dirimir controversias, es también del interés de las administraciones públicas.
Para este proyecto se ha convocado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), que son las dos instancias del gobierno central encargadas de la implementación de la política energética, y su respuesta está siendo de total disposición para participar en estos diálogos.
El proyecto no es solo la consulta de documentos y publicaciones, sino que su principal eje está en las cuatro sesiones de diálogo multisectorial con actores a lo largo del año y hasta marzo de 2024, más entrevistas con varios de ellos. Se parte de una clara identificación de los temas a partir del diálogo ya establecido con muchos de los actores y del estudio del contexto, y con todos vamos a hablar de biodiversidad, actividades económicas, gobernanza y desarrollo local, por lo que es todo un proceso de intercambio y generación de contenidos que tendrán como resultado una hoja de ruta sólida y robusta.
El contexto siempre es importante en términos económicos, políticos y sociales para algo como es el objetivo de buscar un desarrollo de las renovables de forma armoniosa con el territorio y justa para todos. Y es precisamente la necesidad de contar con un marco jurídico más sólido lo que se advierte de todo esto, porque contar con más políticas públicas en esta materia permitiría que determinados contextos afecten lo menos posible a esa meta común. En ese sentido no se trata solamente de un contexto electoral, sino de tener soporte, seguridad jurídica y condiciones para que cualquier contexto no limite los avances que se podrían dar con esas política públicas.
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