REDS-SDSN Spain y la Dirección General de Agenda 2030 presentan el informe de la jornada celebrada en Madrid en mayo. El documento sistematiza las propuestas de administraciones, sociedad civil, academia y sector privado sobre agua, energía, industria y ciudades, y las relaciona con la intervención española en el Foro Político de Alto Nivel de julio.
La jornada «Horizonte 2030: un país que se construye desde el bien común. Comunidades innovadoras y con energía sostenible», enmarcada en el ciclo de Voces del Desarrollo Sostenible, reunió a actores de distintos niveles de la administración, la sociedad civil, la academia y el sector privado para trabajar sobre los ODS 6, 7, 9 y 11, cuatro de los objetivos que el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (HLPF) revisó en 2026.
El informe recoge, para cada objetivo analizado, un diagnóstico basado en los indicadores de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y del INE, las buenas prácticas identificadas en los grupos de trabajo, los principales obstáculos y las propuestas de acción. A continuación, sistematiza el posicionamiento de España en el HLPF y las claves de la Declaración Ministerial.
Las propuestas más concretas surgieron de la experiencia en el territorio. En agua, los grupos plantearon incorporar el consumo hídrico de los centros de datos como parámetro obligatorio de diseño y certificación, fijar límites de consumo por sectores en la revisión de la normativa hidrológica y exigir en el Código Técnico de la Edificación la reutilización de aguas grises. En energía, propusieron que cada municipio cuente con su propia comunidad energética, que se mejore la asignación del bono social y que se regulen los impactos territoriales de los grandes proyectos renovables. En ciudades, reclamaron indicadores de justicia distributiva para evitar que la infraestructura verde desplace a la población vulnerable y una perspectiva rural obligatoria en el diseño de toda política pública.
Como elemento transversal de las cuatro mesas, buena parte de las desigualdades que los grupos describieron no aparecen en las estadísticas oficiales, especialmente las que afectan a la población migrante, los asentamientos informales y los pequeños municipios. De ahí la insistencia en disponer de datos desagregados como condición para que las políticas lleguen a quien más las necesita.
