Nuevo Informe de Desarollo Sostenible Europeo 2021

París, 14 de diciembre de 2021 – La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN), SDSN Europa y el Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP) han publicado hoy la tercera edición del Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa 2021, un informe independiente sobre el progreso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros y otros países europeos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa 2021 forma parte de un serie de Informes sobre el Desarrollo Sostenible (SDR, por sus siglas in inglés) elaborada por la red SDSN. Estos informes hacen un seguimiento, nacional, regional y local, del progreso de los ODS en el mundo desde 2015. Se basa en una metodología revisada por pares y auditada estadísticamente, e incluye perfiles de países de la UE, sus Estados miembros y los países europeos asociados, incluidos por primera vez este año los países candidatos a la UE (Albania, la República de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía), así como Bosnia y Herzegovina. La edición de este año incluye capítulos sobre «El Pacto Verde Europeo, la recuperación de la UE y los ODS» y sobre «La transformación de los sistemas alimentarios y de la tierra para alcanzar los ODS».

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El informe se publica en un momento en que el número de casos de COVID-19 vuelve a subir vertiginosamente en Europa y la aparición de nuevas variantes hace que la situación sanitaria y la recuperación económica sean inciertas. Acabar con la pandemia de COVID-19 en todas partes es un requisito para restaurar y acelerar el progreso de los ODS en Europa y en el mundo. Tal como se subraya en el ODS 17 (Alianzas para los Objetivos), Europa debe seguir trabajando con las Naciones Unidas, el G20, el G7 y otros socios clave para acelerar la distribución de vacunas en todas partes, movilizar recursos financieros y abordar la falta de espacio fiscal para financiar los gastos de emergencia y los planes de recuperación en los países de ingresos bajos y medios.

Guillaume Lafortune, Vicepresidente de la SDSN y autor principal del informe, afirma que “La pandemia de COVID-19 es un revés para el desarrollo sostenible en la UE y en el resto del mundo. Sin embargo, los fuertes estabilizadores automáticos y las políticas deliberadas para proteger la economía y a las personas ayudaron a mitigar los impactos de la COVID-19 sobre los ODS en la UE en comparación con la mayoría de las otras regiones del mundo. Acabar con la pandemia de COVID-19 en todas partes es la prioridad número uno para restaurar el progreso de los ODS en la UE y en el mundo. Los ODS y el Acuerdo de París reflejan los valores de Europa y deben seguir siendo la guía para las políticas internas de la UE y la acción internacional.»

En vista de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODS de 2023, la UE debe impulsar objetivos de desarrollo a largo plazo y desempeñar un papel de liderazgo a nivel internacional para restablecer el progreso de los ODS.

Adolf Kloke-Lesch, copresidente de SDSN Europa y coautor del informe, subraya: “La UE cuenta con instrumentos legislativos y políticos ya establecidos, o en preparación, para abordar la mayoría de los retos de los ODS, pero aún no tiene claro cómo piensa alcanzarlos. Un enfoque integrado de los ODS debe centrarse en tres grandes ámbitos: las prioridades internas (incluida la aplicación del Pacto Verde Europeo), la diplomacia y la cooperación al desarrollo y, por último, los impactos indirectos internacionales que pueden socavar la capacidad de otros países para alcanzar los ODS. La UE debe liderar la diplomacia multilateral del Pacto Verde y de los ODS, incluso con China y África.»

 

España se clasifica en el puesto 22 (de 34 países) en el Índice ODS para Europa 2021, con un puntaje de 68,5 sobre 100.


El nuevo informe de la SDSN y IEEP muestra que hay graves impactos negativos ambientales y sociales generados por el consumo de bienes y servicios en la UE que deben resolverse para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para garantizar la legitimidad internacional, la UE debe hacer frente a los impactos indirectos internacionales negativos (“spillovers”). España se clasifica en el puesto 16 (de 34 países) en el Ranking de Spillovers ODS para Europa 2021, con un puntaje de 64,23 sobre 100.

La pandemia de COVID-19: un revés para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero los ODS deben seguir siendo la pauta en la UE y a nivel internacional.

Por primera vez desde la adopción de los ODS en 2015, el puntaje medio del índice de los ODS en la UE no aumentó en 2020; de hecho, disminuyó ligeramente, principalmente por el impacto negativo de la pandemia en la esperanza de vida, la pobreza y el desempleo. A pesar de los llamamientos a reducir las ambiciones de los ODS y de las tensiones geopolíticas, los ODS siguen siendo el único marco integrado para el desarrollo económico, social y medioambiental adoptado por todos los Estados miembros de la ONU.

 

El índice de los ODS en los países de la UE27 ha disminuido ligeramente en 2020 por primera vez desde la adopción de los ODS en 2015 debido a COVID-19.

Crecimiento Anual de los ODS ESDR2021


Europa se enfrenta a sus mayores retos en materia de ODS en los ámbitos de la alimentación y la agricultura sostenibles, el clima y la biodiversidad (ODS 2, 12 15), en el fortalecimiento de la convergencia de los niveles de vida en sus países y regiones, y necesita acelerar el progreso en muchos objetivos. Finlandia encabeza el índice de ODS 2021 de los países europeos (y de todo el mundo), ya que se vio menos afectada por la pandemia de COVID-19 que la mayoría de los demás países de la UE. Le siguen dos países también del norte de Europa: Suecia y Dinamarca. Los países candidatos a la UE obtienen resultados muy inferiores a la media de la UE, pero estaban progresando antes de que brotara la pandemia. Los ODS proporcionan un marco útil para el diálogo constructivo y los intercambios entre la UE y los países candidatos de los Balcanes Occidentales.

El consumo de bienes y servicios en la UE provoca deforestación e impactos ambientales en el extranjero. La tolerancia con las normas laborales deficientes en las cadenas de suministro internacionales puede perjudicar a los pobres, especialmente a las mujeres, de muchos países en desarrollo. Calculamos, por ejemplo, que las importaciones de productos textiles en la UE están relacionadas con 375 accidentes laborales mortales (y 21.000 no mortales) cada año en el mundo. A través de las importaciones, por ejemplo de cemento y acero, Europa genera emisiones de CO2 en otras partes del mundo, como África, Asia-Pacífico y América Latina. Mientras que las emisiones nacionales de CO2 han disminuido en la UE durante muchos años, las emisiones de CO2 emitidas en el extranjero para satisfacer el consumo de la UE (las llamadas emisiones de CO2 importadas) han aumentado en 2018, a un ritmo más rápido que el PIB.

La propuesta de un mecanismo de ajuste de las emisiones de carbono en las fronteras (CBAM, por sus siglas en inglés), y otros mecanismos de ajuste y cláusulas espejo, así como el nuevo Reglamento de Debida Diligencia, pueden ayudar a abordar y controlar las fugas de carbono y otros impactos adversos incorporados en las cadenas de suministro insostenibles. Sin embargo, deben ir acompañados de una mayor cooperación técnica y apoyo financiero para acelerar el progreso de los ODS en los países productores, incluidos los países en desarrollo, para evitar la trampa «proteccionista». La UE también debe hacer un seguimiento sistemático de estos efectos indirectos a nivel de la Unión, de los Estados miembros y de la industria, y evaluar el impacto de las políticas europeas en otros países y en el Patrimonio Mundial.

Cuatro medidas para reforzar el liderazgo de la UE en vista de la Cumbre de la ONU sobre los ODS de 2023.

El informe hace recomendaciones prácticas a los dirigentes de la UE para reforzar la aplicación de los ODS y la presentación de informes y enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre el compromiso de la UE con la consecución de los ODS frente a la pandemia del COVID 19:

  1. Publicar una declaración política conjunta emitida por los tres pilares de la gobernanza de la UE -el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea- en la que se reafirme su firme compromiso con la Agenda 2030 en respuesta a la pandemia de COVID 19 y sus consecuencias, y el compromiso de dar un nuevo impulso a la realización de los ODS.
  2. Preparar una comunicación emitida por la Comisión Europea que aclare cómo pretende la UE alcanzar los ODS, incluyendo metas, calendarios y hojas de ruta. Esta Comunicación podría actualizarse periódicamente. También podría mostrar dónde las políticas existentes deben ser más ambiciosas y dónde se requieren políticas adicionales.
  3. Establecer un nuevo mecanismo o renovar el mandato de la Plataforma Multilateral para un compromiso estructurado con la sociedad civil y los científicos sobre las políticas y el seguimiento de los ODS.
  4. Preparar un Informe Nacional Voluntario a nivel de la UE antes de la Cumbre de los ODS en septiembre de 2023 en las Naciones Unidas, que cubra las prioridades internas, así como la diplomacia, y las acciones internacionales para restaurar y proteger los Bienes Comunes Globales y abordar los impactos indirectos internacionales.


Otras conclusiones:

  • El Índice actualizado de «No dejar a nadie atrás» para los países europeos hace un seguimiento de las desigualdades dentro de los países: en los ingresos, el acceso a los servicios y las oportunidades. Los países que encabezan el Índice ODS también encabezan el Índice «No dejar a nadie atrás», lo que indica que el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades son objetivos que se refuerzan mutuamente. En este índice España se sitúa en el puesto 16 (de 34 países) con una puntuación de 73,26 sobre 100.
  • Se necesitan más esfuerzos para reforzar la convergencia de los niveles de vida en los países europeos. El ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) es el objetivo con la mayor dispersión en el rendimiento en Europa, con muchos países europeos con un rendimiento muy bueno (tablero «verde») pero también muchos con un rendimiento muy pobre (tablero «rojo»).
  • El Marco Financiero Plurianual, NextGenEU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia proporcionan potencia financiera para acelerar la transformación de la UE durante el período 2021-2027. Sin embargo, las directrices proporcionadas a los estados miembros para preparar sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia no incluyen ninguna referencia a los ODS. Un reto importante será garantizar que la suma de los planes nacionales de recuperación se traduzca en transformaciones coherentes y ambiciosas de los ODS en toda la UE, incluida la transformación de los sistemas energéticos y alimentarios/de la tierra.
  • En un contexto en que los estados miembros tendrán una mayor autonomía para decidir sobre las actividades subvencionables en el marco de la nueva Política Agrícola Común, sin objetivos obligatorios ni criterios claros de evaluación del rendimiento, existe un alto riesgo de que los esfuerzos nacionales no sean lo suficientemente ambiciosos como para cumplir conjuntamente los objetivos de la UE en materia de clima y biodiversidad. Si bien la estrategia «De la Granja a la Mesa» es la primera estrategia holística del sistema alimentario, se echan en falta objetivos cuantitativos claros para seguir los avances desde el punto de vista de la transformación de los alimentos y el consumo.


Acerca de SDSN Europa
Creada en 2020, SDSN Europa moviliza y coordina el conocimiento y la ciencia a través de las redes de SDSN en apoyo de una recuperación europea sostenible y resiliente. Con diez redes nacionales y regionales de universidades y centros de conocimiento en la UE, y más de 360 organizaciones miembros en todo el continente, SDSN está en una posición idónea para proporcionar el desarrollo de políticas basadas en la evidencia en Europa.

Acerca del IEEP
El Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP) es un grupo de reflexión sobre la sostenibilidad con sede en Bruselas. Nuestro equipo de profesionales de la política, compuesto por economistas, científicos y juristas, trabaja con las instituciones de la UE, los organismos internacionales, el mundo académico, la sociedad civil y la industria, y produce investigaciones basadas en pruebas y conocimientos políticos. Nuestro trabajo abarca nueve áreas de investigación y cubre tanto cuestiones políticas a corto plazo como estudios estratégicos a largo plazo. Como organización sin ánimo de lucro con más de 40 años de experiencia, estamos comprometidos con el avance de la política de sostenibilidad impulsada por el impacto en toda la UE y en el mundo.

Para más información sobre este trabajo:
Maëlle Voil – Directora de Comunicación de París, SDSN
maelle.voil@unsdsn.org

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Diseño. Gobernanza

  • Buenas prácticas
  • Cambios legislativos

Diseño. Desarrollo local

  • Buenas prácticas
  • Cambios legislativos

Diseño. Empleo local

  • Buenas prácticas
  • Cambios legislativos

Participación, comunicación y planificación con el municipio para que puedan conocer las características del proyecto, para poder adaptar los programas de formación en esa zona y poder informar mediante los canales de comunicación.

Disponibilidad de formación

Convivencia con otros tipos de uso del suelo que no se pueden dejar solo para renovables. Se necesita seguir potenciando otras actividades ya existentes.

Diseño. Biodiversidad y paisaje

  • Buenas prácticas
  • Cambios legislativos

2.3. Acciones

En esta hoja de ruta, nos centramos en analizar potenciales acciones para mejorar y facilitar el desarrollo de las infraestructuras renovables para la generación de energía solar fotovoltaica y energía eólica terrestre. Para ello, proponemos un catálogo de acciones clasificadas en buenas prácticas (no potestativas) y cambios legislativos. Para cada acción, identificamos los agentes principales o afectados por las diferentes actuaciones; la escala temporal en la cual asumimos que es razonable plantearla: corto plazo (2024-2027), medio plazo (2028-2030) y largo plazo (más allá de 2030); y la prioridad de la medida: alta, baja o media. También se incluyen los inconvenientes o dificultades para implementar la acción, así como ejemplos o casos prácticos que ilustran la puesta en marcha de la propuesta.

Título de la buena práctica

Descripción
JUSTIFICACIÓN: PROPUESTA: COMO: INCOVENIENTE/DIFICULTADES: para encontrar EJEMPLO/CASO PRÁCTICO: ……….
Buena práctica/cambio legislativo Energía: FV, EólicaAgente responsableCategoría (Biodiversidad, Paisaje, Empleo Local, Desarrollo Local, Gobernanza)Temporalidad Corto, Medio, Largo plazo Prioridad: Alta, Media, Baja

2.2. Esferas seleccionadas

Las tecnologías renovables, solar y eólica, debido a su baja densidad energética, requieren ocupar grandes extensiones para lograr una capacidad de generación equivalente. La energía eólica debe ubicarse en zonas ventosas con escasa masa forestal, predominantemente compuestas por especies herbáceas y arbustivas. Estas áreas suelen tener baja productividad agrícola, pero albergan avifauna. Por otro lado, la energía solar demanda una gran cantidad de superficie, generalmente empleando Superficie Agraria Útil5. Dada la necesidad de extensas áreas, la instalación de renovables conlleva riesgos e impactos en los ecosistemas, pudiendo amenazar la biodiversidad si no se adoptan medidas adecuadas para mitigar estos efectos6. El cambio climático a nivel global se cuenta entre las cinco principales causas de la pérdida de biodiversidad, junto con la pérdida de hábitats, la sobreexplotación, la contaminación y las especies invasoras. Aunque el despliegue de renovables para descarbonizar el sector eléctrico y energético es fundamental para mitigar el cambio climático, también puede generar impactos significativos7. Sin embargo, si se lleva a cabo considerando ubicaciones óptimas y aplicando medidas para mitigar y favorecer la protección de la biodiversidad, en algunos proyectos, el impacto de las renovables sobre la biodiversidad puede llegar a ser positivo8. Existe un impacto en el medio natural, la biodiversidad y el paisaje del entorno donde se instala la infraestructura renovable que implica un coste. Esto se debe a factores como el impacto sobre la capa vegetal debido a la construcción de zanjas, el movimiento de tierra, el uso de materiales como el hormigón, la destrucción parcial de la flora y vegetación autóctona, o la obstaculización y peligro que representan las instalaciones para la fauna durante el proceso de construcción9. En particular, los mayores impactos de la energía eólica están asociados a las colisiones de avifauna y quirópteros, la generación de un efecto barrera y la contaminación acústica y lumínica. En el caso de la energía solar, los principales impactos son las importantes modificaciones de uso del suelo requeridas para su instalación y la contaminación de aguas y suelos durante los procesos de mantenimiento y operación. No obstante, existen numerosas medidas que pueden mitigar estos impactos si el análisis medioambiental está presente desde el inicio en la planificación de las instalaciones, desde la selección de emplazamientos al desmantelamiento de los proyectos10. Algunas medidas específicas incluyen la reducción del uso de hormigón, la ausencia de vallados, la planificación de los trabajos considerando las necesidades de la biodiversidad local, la construcción y protección de zonas de nidificación y refugio, o las paradas de operación teniendo en cuenta periodos de gran paso de avifauna. A su vez, el paisaje, definido como la parte de un territorio visible desde un lugar determinado, es un elemento que las instalaciones de renovables a gran escala modifican, especialmente cuando la concentración es significativa11. Muchos paisajes tienen un reconocido valor natural, cultural o social. Además, el paisaje es un elemento arraigado en el lugar y las personas del territorio donde se lleva a cabo el desarrollo renovable. Por ello, muchas oposiciones a las infraestructuras renovables contienen argumentos asociados a las modificaciones paisajísticas.. Aunque algunos aspectos paisajísticos son subjetivos, existe un grado relevante de objetividad en los parámetros modificados y los impactos resultantes. Por ende, ciertas prácticas ayudan a mitigar los impactos de la instalación de renovables, tales como la planificación inicial y exclusión de zonas con elevado valor paisajístico, la consideración de una zona visual de amortiguamiento para limitar el impacto visual de las infraestructuras, o la creación de barreras vegetales, como vallados vegetales o islas arbustivas. De esta manera, se asumen y mitigan los impactos sobre un paisaje altamente valorado por sus características escénicas naturales y/o culturales, que ha recibido algún tipo de estatus de protección que refleja este valor12.

Falta texto. Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Diferentes organismos internacionales y datos sobre empleo confirman que la transición energética y el despliegue masivo de energías renovables generan ocupación13. El empleo se concentra en el desarrollo, diseño y construcción, así como en todas las industrias auxiliares y asociadas a la cadena de valor. Debido a su estructura económica y sus características técnicas, el empleo renovable se centra en la fase de diseño y construcción, y no tanto durante el proceso de operación, como es el caso de otras tecnologías energéticas. Así, la instalación de renovables tiene un impacto positivo en la generación de empleo a corto plazo, especialmente en lo que respecta a la energía solar fotovoltaica, tanto en la construcción como en servicios y materiales asociados a ella, pero menor a largo plazo.

La construcción e instalación de plantas de energías renovables requiere conocimiento técnico, especialmente en la eólica, y un movimiento de recursos que se concentra durante ese momento inicial, generando empleo local principalmente a corto plazo. Esta combinación de trabajo especializado, industrial y de carácter temporal e intensivo en el terreno implica que muchos de los empleos en los procesos de diseño, previos a la instalación y posteriores a ella, se concentren en zonas urbanas e industriales que gestionan y planifican estos proyectos a lo largo del tiempo.

A largo plazo, los empleos directos generados por las renovables a nivel local tienden a ser escasos y se centran en labores como la vigilancia, mantenimiento, etc. Estudios recientes indican que las instalaciones de energías renovables no tienen una correlación clara con la generación de empleo a largo plazo en el territorio14. Sin embargo, las renovables generan recursos económicos que pueden aprovecharse para dinamizar la actividad económica local.

Por otro lado, aunque algunas voces mencionan la posibilidad de destrucción de empleo, los datos no muestran una correlación entre la instalación de renovables y la destrucción de empleo local. Esto se aplica tanto al empleo general como al turístico (en el caso de las plantas eólicas, existen estudios15, mientras que para las fotovoltaicas no existen datos concluyentes) o a los sectores secundarios y terciarios. Sin embargo, la disminución de la superficie cultivada puede poner en riesgo ciertas economías locales, especialmente en el sector primario (agrícola) o en la directa sustitución del uso de la tierra.

En este contexto, la generación de empleo de calidad se presenta como una de las principales formas de retorno al territorio, siendo crucial para mejorar la aceptación de estos proyectos. En general, se identifican dos grandes fases donde es posible mejorar la generación de ocupación local: durante el despliegue de la infraestructura y a largo plazo.

Algunos elementos clave para potenciar las sinergias entre la ocupación local y el despliegue de la infraestructura son la coordinación entre la empresa promotora y el territorio para aprovechar la mayor concentración de la actividad económica durante los meses previos y durante la instalación. Por ejemplo, el aviso y la preparación por parte del tejido local o la contratación de servicios y proveedores locales por parte de las empresas instaladoras.

En cuanto a las sinergias entre la ocupación y las infraestructuras renovables a largo plazo o durante la vida útil de las instalaciones, existen diferentes prácticas y elementos de fomento locales. Estas acciones pueden ser realizadas por los actores que, a medio y largo plazo, retornen al territorio con generación de empleo, y que vayan más allá de la propia infraestructura. En general, muchos territorios carecen de mecanismos de inversión y coordinación para favorecer las sinergias en empleo y reducir el potencial impacto negativo en las superficies dedicadas a otras actividades (cultivos, ganadería, apicultura, etc.), así como con otros sectores (turismo, gastronomía, cultura, etc.). Por ejemplo, inversiones en mejoras en el sector primario o el procesado de sus productos, la creación de servicios especializados de mantenimiento, entre otros.

La gobernanza en los proyectos renovables se asocia al proceso de toma de decisiones entre los agentes involucrados en la instalación, incluyendo promotoras, gobiernos locales, autonómicos y estatales, a través de la legislación y las normas sociales. Es especialmente relevante en lo que respecta al tamaño y la ubicación de las plantas.

La aceptación de los proyectos a nivel local es fundamental para la instalación de energías renovables16. La falta de esta aceptación, derivada de impactos, falta de retorno a las comunidades locales o la ausencia de comunicación y percepción de capacidad de agencia por parte de las comunidades locales, es una de las claves del rechazo a los proyectos renovables. Por lo tanto, es esencial garantizar que los procesos sean transparentes y que las comunidades locales afectadas tengan voz y capacidad para expresar sus opiniones en la etapa de diseño y formulación de los proyectos. Esto contribuye a obtener una legitimidad social y con ello una licencia social para escalar la transición energética17.

Hasta la fecha, uno de los problemas principales relacionados con los marcos de gobernanza en los proyectos de energías renovables es la falta de comunicación por parte de las empresas promotoras acerca de las intenciones del proyecto en las primeras fases o la falta de incorporación de las demandas locales en el diseño de los mismos. Este problema se agrava debido a la concentración de proyectos en ciertas áreas, vinculada a la capacidad de evacuación en la red eléctrica, la carencia de personal especializado en las administraciones locales para analizar y abordar posibles modificaciones en los proyectos y el desconocimiento del procedimiento de tramitación de los proyectos.

Por ejemplo, existen diversas quejas por parte de entidades locales de que la información sobre las intenciones de instalación renovable nunca se notifica a escala municipal, y los ayuntamientos y la sociedad civil son conscientes del posible desarrollo de un proyecto cuando los proyectos son comunicados y publicados oficialmente a nivel autonómico o estatal. Esto limita la capacidad de mejorar las posibles ubicaciones de los proyectos o de conocer los espacios disponibles, así como la apertura de espacios de debate necesarios. Aunque algunas autonomías favorecen o incluso obligan (como en Baleares) a abrir a la participación pública en parte del capital económico del proyecto, estas iniciativas son costosas de realizar y no siempre son exitosas, impidiendo generar sentimientos de participación en los propios proyectos y los consiguientes retornos locales.

Durante los procesos de construcción y operación, la falta de comunicación de las plantas fotovoltaicas se asocia a la gran cantidad de proyectos en marcha simultáneamente por parte de las empresas promotoras. Además, la reducción de costos de las instalaciones renovables hace que haya una menor dedicación total de tiempo a cada uno de ellos. Esto es especialmente relevante en poblaciones con instalaciones más antiguas y nuevas, donde existe la queja de que en proyectos anteriores se prestaba mayor atención a la comunicación con el territorio. En consecuencia, pueden surgir quejas por parte de los agentes locales debido a molestias o modificaciones de elementos, especialmente caminos de acceso, que pueden afectar a actividades locales en periodos sensibles como la agricultura.

5Fundación Renovables, “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad,” Fundación Renovables, 2021

6D. Serrano et al., “Renewables in Spain threaten biodiversity,” Science, vol. 370, no. 6522, pp. 1282–1283, Dec. 2020

7MITECO, “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica,” 2020

8MITECO, “Borrador Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030,” Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2023

9L. Bennun et al., Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development: guidelines for project developers. IUCN, International Union for Conservation of Nature, 2021

10A. Barreira and M. Patierno, “Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio,” Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, 2021

11D. Apostol, The Renewable Energy Landscape: Preserving Scenic Values in our Sustainable Future. 2017.

12Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030

13IRENA (2022). Renewable Energy and Jobs Annual Review 2022

14Fabra, N., Gutiérrez Chacón, E., Lacuesta, A., & Ramos, R. (2023). Do Renewables Create Local Jobs?

15BiGGAR Economics. (2021). Wind Farms & Tourism Trends in Scotland: Evidence from 44 Wind

16R. Duarte, Á. García-Riazuelo, L. A. Sáez, and C. Sarasa, “Analysing citizens’ perceptions of renewable energies in rural areas: A case study on wind farms in Spain,” Energy Rep., vol. 8, pp. 12822–12831, Nov. 2022

17S. M. S. Martín and J. Moya i Matas, “Proyecto EUDEMON: prevención y resolución de conflictos eco- sociales en el ámbito del despliegue de las renovables en el territorio.,” Pensam. Al Margen, no. 18, pp. 133–148, 2023

2.1. Marco temporal de los proyectos

Los proyectos de energía renovable generalmente operan durante 25-30 años, aunque el inicio de su operación requiere varios años, desde la concepción del proyecto hasta su puesta en marcha. Las principales fases incluyen el diseño, la construcción, la operación y el desmantelamiento. 

IMAGEN DEL PROCESO

En esta fase inicial de desarrollo, se consideran criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos para proyectar y analizar la viabilidad del proyecto. La viabilidad está estrechamente ligada a la existencia de recursos clave, como capacidad de evacuación de la red de distribución y transporte, disponibilidad de recursos energéticos (eólico o solar) y terrenos adecuados. Se realiza una primera selección de ubicaciones potenciales basada en estos parámetros, que puede durar más de un año.

En este paso, se priorizan áreas con recursos naturales abundantes y disponibilidad de terrenos. Por ejemplo, en proyectos solares se favorecen grandes extensiones de terreno con poca pendiente, lejos de obstáculos y núcleos urbanos. Esto lleva a que sean los terrenos agrícolas uno de los grandes preferidos por estar parcialmente preparados (caminos existentes, zonas con poca pendiente y en muchas zonas de España asociados a grandes extensiones de terreno. Mientras que la energía eólica busca zonas elevadas y sin obstáculos, como colinas y valles.

Una vez seleccionadas las ubicaciones potenciales, se realizan estudios y diseños técnicos detallados para evaluar la viabilidad tecnoeconómica. Se llevan a cabo estudios ambientales, arqueológicos, paisajísticos y urbanísticos, así como un análisis detallado de los recursos económicos y financieros necesarios. Estos informes pasan por un proceso de revisión pública y administrativa. La fase de exposición pública permite la posibilidad de realizar alegaciones y solicitar modificaciones. Las alegaciones son consideradas en el proceso administrativo que revisa y puede solicitar modificaciones a los estudios temáticos para finalmente aprobar (condicional a ciertas modificaciones o totalmente) o denegar los proyectos. Si es favorable, se tramitan los permisos urbanísticos y administrativos necesarios para iniciar la construcción.

 

Durante el proceso de construcción, se finalizan los últimos detalles del proyecto para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental y se planifica la construcción de la planta. Durante esta fase del proyecto es cuando se moviliza la mayor cantidad de recursos, tanto a nivel de capital (coste de los equipos) como en generación de empleo a escala local (procesos de construcción intensivos en mano de obra). La estructura económica de los proyectos renovables es similar a la de la infraestructura, con grandes costes de capital durante la construcción y costos variables muy bajos durante la operación en comparación con su coste total. Es durante esta fase donde se genera la mayor concentración de empleo y movimiento de recursos.

La construcción del proyecto comienza con la preparación del terreno y la cimentación donde se ubicarán las tecnologías de generación, ya sean los módulos fotovoltaicos o los aerogeneradores. Mientras que la energía solar requiere aplanar y preparar grandes extensiones de terreno, en el caso de la eólica, se eligen puntos concretos para ubicar torres de más de 80 metros de altura que necesitan cimentaciones resistentes a grandes esfuerzos.

Una vez preparado el terreno, se inicia la instalación de la infraestructura y equipos, como paneles, inversores, seguidores; o torres, aerogeneradores. En esta fase, la necesidad de transportar grandes equipos a zonas remotas y de difícil acceso hace necesario preparar vías para su transporte. Finalmente, se realizan las conexiones eléctricas necesarias para conectar la generación con la infraestructura de transporte de electricidad. Tras realizar las pruebas para poner en marcha la planta, esta entra en funcionamiento y comienza la fase de operación.

Una vez la planta entra en funcionamiento, comienza a operar y generar electricidad conforme el recurso solar o eólico está disponible, vendiéndose a través del mercado mayorista, contratos privados bilaterales o mediante formas de apoyo público como subastas de contratos por diferencias. Esta fase requiere relativamente poca intensidad de capital y mano de obra, ya que ambas tecnologías no necesitan ningún tipo de combustible (a diferencia de centrales nucleares o fósiles) y tienen una operación altamente automatizada. La vida útil de las plantas solares y eólicas varía aproximadamente entre los 20 y 30 años.

Durante la vida útil de las plantas, estas son monitorizadas, controladas y mantenidas constantemente, tanto de forma preventiva como reactiva a posibles desperfectos, realizando los reemplazos de equipamiento necesarios. Estos procesos son los que más empleo generan, con posibilidad de ser local, aunque en cifras muy inferiores a la fase de construcción. El mantenimiento en el caso de la energía eólica es altamente especializado y asociado al trabajo en altura, mientras que el mantenimiento de las plantas solares es más sencillo. Asimismo, durante la operación de la planta, estas actividades pueden convivir fácilmente con otras que ocurran en el terreno.

Una vez finalizada la vida útil de las plantas, estas pueden ser desmanteladas para devolver la zona a su estado inicial o iniciar un proceso de repotenciación. Mientras que el desmantelamiento busca cerrar la actividad de generación en la zona, la repotenciación aprovecha la infraestructura y emplazamientos existentes para reemplazar los equipos que han llegado al final de su vida útil por tecnología actual y realizar un nuevo proyecto con menores necesidades de modificación o uso del terreno y con la disponibilidad de la infraestructura de evacuación eléctrica. En ambos casos, es clave la reutilización y el reciclaje del material que va a ser reemplazado o eliminado.

El despliegue de renovables en el territorio lleva asociados muchos aspectos, acciones y marcos normativos y ejecutivos que no siempre están incluidos en el desarrollo temporal de los proyectos. Desde investigación paralela en el desarrollo tecnológico, constructivo o para la comprensión de las dimensiones sociales y ambientales, aspectos de planificación o el desarrollo de capacidades a nivel local. Por ello, hemos incluido un apartado que valore todas estas modificaciones legislativas y buenas prácticas que pueden favorecer un mejor despliegue renovable y que no están directamente relacionadas con el marco temporal de los proyectos.

2. Proceso de diálogo y co creación de la visión

Con este fin, las administraciones públicas, las empresas y los promotores cuentan con soluciones o mecanismos acordados (con una amplia y diversa selección de actores sociales) para avanzar en la implementación sostenible de las energías renovables. Las acciones a corto y medio plazo incluyen promover diálogos entre actores clave, identificar temas, mecanismos y soluciones, así como identificar y resaltar los elementos positivos de la transición energética para cambiar las narrativas.

Basándonos en una serie de diálogos con actores clave (tanto del sector público como del privado, ONG, academia, etc.), hemos elaborado un plan de acción constructivo y proactivo capaz de inspirar y guiar las acciones de las administraciones públicas y otros actores clave en el sector, contribuyendo así a equilibrar y compartir las narrativas sobre el despliegue de renovables en el territorio. Para ello desde REDS se han realizado cuatro talleres participados para trabajar cada una de las temáticas con diferentes agentes del sector energético y construir conjuntamente una visión.

1. Objetivos

El propósito de este trabajo se centra en mejorar el despliegue de la energía solar fotovoltaica y eólica terrestre en España, adoptando una perspectiva compartida. Para lograrlo, nos enfocamos en cuatro áreas fundamentales de preocupación: el impacto en la biodiversidad y el paisaje, el desarrollo local en las áreas de instalación, el empleo local asociado a la implementación y el proceso de gobernanza de estos proyectos, desde su concepción hasta su operación.

En relación con estas cuatro esferas, proponemos una serie de recomendaciones que buscan establecer una hoja de ruta con cambios legislativos y buenas prácticas a aplicar en la próxima década. El objetivo es facilitar un despliegue renovable urgente que minimice sus impactos y se integre de manera armoniosa con el territorio. Esto implica la definición y priorización de acciones, cambios legislativos y buenas prácticas a lo largo del tiempo, asignando responsabilidades a los agentes pertinentes.

Para llevar a cabo este proceso, proponemos la construcción de la hoja de ruta mediante la recopilación y consideración de las visiones de diversos actores involucrados en el proceso: las administraciones central, autonómicas y locales, la ciudadanía organizada, las empresas promotoras, las ONG, sindicatos y la academia. Este enfoque se alinea con las acciones propuestas en el PNIEC y destaca la importancia de la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones en el sector energético.