Tribuna de Teresa Ribera para EFE Verde
Los presidentes Obama y Bachelet han inaugurado la conferencia Nuestro Océano 2015 en Viña del Mar anunciando su compromiso para crear nuevas grandes áreas marinas protegidas. Desde hace años, la sobrepesca y la preocupación por los efectos de la acidificación del océano gana peso en la literatura científica y las fotos y alertas sobre islas de plástico y actividades industriales offshore alimentan nuestros periódicos. Afortunadamente, a este ritmo de acontecimientos parecen sumarse -¡al fin!- líderes políticos comprometidos dispuestos a impulsar medidas concretas para revertir la senda de destrucción.
El océano forma parte de la respuesta a la pregunta sobre cómo podemos asegurar la prosperidad de un mundo cuya población se incrementará desde los 7.000 millones de habitantes actuales hasta 9.000 en poco más de 30 años. Así lo reconoce uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en adelante). Su inclusión en la lista de los nuevos derechos del ciudadano global fue una dura e intensa campaña pedagógica y diplomática protagonizada, entre otros, por el Grupo de Amigos del Océano (GOFOs, en inglés) que empleó para ello, con éxito, los argumentos y recomendaciones del informe final de la Global Ocean Comission.
Al final, la razón se impuso y el océano ha sido reconocido como parte de las condiciones básicas para garantizar la prosperidad de las personas en el siglo XXI. En el fondo, eso tratan de hacer los ODS: ayudan a sustituir las premisas que nos han permitido progresar desde mediados del siglo XIX e identifican aquéllas que deberán hacerlo en las próximas décadas, en un mundo interconectado en el que, más que nunca, el progreso o es de todos y dentro de los límites físicos del Planeta o no lo será.
El océano –único, aunque con distintos mares y riberas- es una pieza esencial del sistema climático, absorbiendo calor y CO2, atemperando los efectos de las emisiones de gases invernadero en el clima. Pero es delicado, sufre ya las consecuencias de una sobrecarga para la que no estaba preparado y no son descartables efectos intensos y peligrosos, cambios bruscos difícilmente reversibles. Es, además, fuente de alimentación y recursos para una buena parte de la humanidad. Y es, también, hábitat rico en biodiversidad y “vecino” natural de poblaciones y ecosistemas costeros, modulados por las dinámicas del litoral.
Por todo ello, se ha acabado el tiempo de la ignorancia y la pasividad. No podemos desconocer el impacto de convertirlo en un basurero, esquilmar sus recursos, permanecer impasibles antes los efectos en cadena del cambio climático u obviar los riesgos del desarrollo a gran escala de actividades mineras en fondos marinos. Ese es el gran sentido que tiene la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre en Nueva York: hemos decidido responder por lo que hacemos, rendir cuentas de nuestros esfuerzos, medir mejor lo que ocurre en el océano y esforzarnos por su restauración y protección. Es posible que la ciencia todavía no pueda ofrecer todas las respuestas, pero nos hemos comprometido a apoyar su tarea en una lucha contra reloj cuya finalidad última es transformar el conocimiento en acción concreta.
Necesitamos mantener un enfoque integral, que comprenda la relación entre ecosistemas marinos, costeros y las presiones terrestres. Sabemos que las mejores respuestas son las inspiradas por los ecosistemas, lo que hoy llamamos infraestructuras verdes, capaces de aprovechar el efecto regenerador y protector de hábitats y recursos naturales. Son soluciones especialmente indicadas para los espacios limítrofes costeros, que deben formar parte protagonista de las estrategias de adaptación al cambio climático, tan sensible y relevante en muchas zonas, incluida España. Una buena estrategia requiere una regulación adecuada de las actividades costeras que entienda los beneficios de una buena protección del litoral, la minoración de amenazas y un buen plan de acción sobre el terreno. Algo en lo que hemos retrocedido vertiginosamente y en lo que deberemos recuperar el tiempo perdido a gran velocidad.
Se ha de hacer visible el valor económico del océano y el aprovechamiento de sus recursos. Quién se beneficia de qué y quién sufraga los costes del deterioro. Son escalofriantes los datos de pesca ilegal, pero también lo son las cifras agregadas de subsidios a la pesca, que acaban mayoritariamente concentrados en menos de una veintena de firmas en todo el mundo; un asunto sobre el que, quizás, foros como la Organización Mundial de Comercio pueden empezar a fijar su atención e impulsar una paulatina corrección de la carrera a ninguna parte en la que estamos inmersos. También es éste un campo en el que España tiene muchos interrogantes a los que empezar a dar respuesta.
Desde hace una década, en España hemos avanzado en la constitución de santuarios marinos. En 2011, tras una prolija tarea de caracterización, dimos a conocer las propuestas de determinación de áreas marinas protegidos en nuestras aguas jurisdiccionales. Un primer paso importante sobre el que hay que seguir avanzando, extendiendo la superficie protegida, adelantándonos a los riesgos de la ausencia de planificación espacial y de usos de nuestras aguas, inspirándonos en los impresionantes ejemplos que la administración americana y chilena, que el gobierno de Nueva Zelanda y tantos otros están dando. Estamos rodeados de costa, vivimos volcados al mar; éste es un ámbito estratégico que no puede quedar desatendido en nuestro país.
Hemos de actuar desde ya, poniendo en práctica lo que está a nuestro alcance para generar un efecto catalizador; activando la cooperación regional en este ámbito y buscando respuestas a una gobernanza amplia, con nuevos partenariados en los que se impliquen actores privados e instituciones públicas que, en mayor o menor medida sufren ya los efectos de la degradación y lo harían más si no se reacciona a tiempo. Hay distintas vías abiertas en el horizonte. Por ejemplo, junto a la carrera en curso para la declaración y preservación de áreas marinas protegidas, se inicia ahora la negociación de un nuevo marco internacional para la protección de la biodiversidad marina más allá de las aguas jurisdiccionales. Actividades extractivas, en su modalidad tradicional pesquera o en el creciente interés minero requieren respuestas complejas y urgentes. Importante es también no desaprovechar la oportunidad de la Cumbre del Clima en París: necesitamos una llamada a la acción, un compromiso para entender más y mejor los estrechos vínculos entre océano y clima y asegurar una acción efectiva que beneficie a ambos. Por último, antes de que acabe el año, la Asamblea General de Naciones Unidas deberá pronunciarse sobre la iniciativa liderada, entre otros, por Fiji y Suecia proponiendo un examen exhaustivo trianual empezando en 2017 sobre el estado del océano y nuestros progresos.
Es decir, contamos ya con el reconocimiento y respaldo oficial: el océano es, como nuestra casa, garante de prosperidad siempre que lo cuidemos. En pleno entusiasmo por la economía azul, ¿cabe también preguntarse por la oportunidad de un fondo azul para su preservación?
Teresa Ribera es presidenta del Consejo Asesor de REDS, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) y ex secretaria de Estado de Cambio Climático.
